Entrevista a Juan Pablo Accorinti, licenciado en Criminalística y uno de los impulsores de la propuesta

En los últimos años, distintos casos judiciales en Argentina pusieron en evidencia una problemática grave: personas inocentes que pasaron años en prisión hasta que la Justicia finalmente reconoció su error. Detrás de estas sentencias equivocadas aparece un denominador común: el mal uso de pruebas periciales, es decir, los estudios y análisis técnicos que deberían ayudar a esclarecer los hechos, pero que en ocasiones se aplican de manera inadecuada.

Esta situación, que no sucede solo en Argentina, ha llevado —en otros países— a la creación de organismos especializados que regulan el trabajo de las ciencias forenses, con el fin de garantizar su calidad y evitar errores irreparables. 

En Argentina aún no existe una institución de este tipo, pero hay una iniciativa pensada para cambiar esta realidad. ¿Por qué es necesaria una Comisión Reguladora de Ciencias Forenses y qué impacto podría tener en la justicia? ¿Cuáles serían sus alcances? Hablamos con Juan Pablo Accorinti, uno de sus impulsores.

IP: ¿Cómo se llegó a esta propuesta?

Juan Pablo Accorinti: Este documento llegó después de haber articulado muchas voluntades, hay laburo de un montón de gente atrás. Nos juntábamos y era como un grupo de autoayuda y terapia: nos quejábamos, pero no había un pase a la acción. Luego, a partir de unas conversaciones con Luis Fondebrider, decidimos empezar por tener un documento con el cual visibilizar de forma seria el problema y plantear también que hay soluciones posibles, con el objetivo de sumar voluntades y adhesiones políticas, porque sin ese elemento esta iniciativa tampoco camina. 

Tenemos como referencia todo el proceso que generó la NAS (National Academy of Science) con el informe "Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward" y el PCAST (President's Council of Advisors on Science and Technology) que viene de un pedido de Obama en su momento. La realidad es que durante mucho tiempo esperamos que aquí suceda lo mismo que en Estados Unidos: que venga el Congreso y que pida explicaciones, o que el presidente de turno, sea quien fuera, venga y pida hacer una revisión sobre determinados métodos.

Pero eso no llega y no vemos que vaya a llegar, porque hay un montón de problemas que no se conocen. 

IP: En los últimos años, ¿qué papel ha adquirido la evidencia científica en los procesos penales en Argentina?

JPA: La evidencia científica toma un rol diferente en los sistemas adversariales, frente a lo que eran antes los sistemas inquisitivos. Esto se da básicamente porque en los sistemas adversariales hay mucha más oralidad en los procesos. Los debates terminan siendo todos orales y la prueba se produce en esa audiencia de debate, no se incorpora por lectura o no se incorpora solamente el informe, como pasaba antes. En el viejo sistema inquisitivo o en sistemas mixtos, el perito terminaba su informe, enviaba esos resultados al fiscal o al juez de instrucción que se lo había pedido, se incorporaba a la causa y ahí terminaba.

Hoy en día, el perito se tiene que presentar sí o sí en una audiencia de debate oral para presentar y defender esos resultados, y es ahí donde se termina produciendo efectivamente la prueba. Entonces, la evidencia científica toma otra relevancia porque, en definitiva, se termina produciendo prueba en base a lo que el juez, los jueces o el jurado popular que están en esa audiencia entienden que el perito dice en ese momento. La interpretación juega otro rol.

Ni hablar de la diferencia entre los jueces profesionales y el jurado popular, porque ahí también hay un montón de preguntas para hacernos y diferencias que el perito tiene que tener en cuenta a la hora de declarar.

Los sistemas adversariales se están empezando a implementar de a poco y, al ser relativamente nuevos, estamos aprendiendo cuál es la dinámica que toman los peritos y la evidencia científica, que no es la misma que en el viejo sistema inquisitivo.

IP: ¿Hay un imaginario construido alrededor de la prueba científica? ¿Pensás que ese imaginario se filtra un poco en el sistema de justicia?

JPA: Yo creo que lo que hay, tanto dentro del sistema judicial como entre la gente que no conoce de ciencia y de criminalística, son expectativas muy altas en cuanto a los resultados que se pueden obtener con el uso de la ciencia. Esperan obtener una respuesta que se limite a un sí o un no. Pero, lamentablemente, en la ciencia no hay respuestas por sí o por no, sino que se trata de medir la incertidumbre y de brindar respuestas que sean estadísticamente sostenibles. 

Ahora, ¿por qué la justicia espera esas respuestas? Porque durante mucho tiempo hubo peritos que hablaban en nombre de la ciencia y que daban esa clase de respuestas. Entonces es muy difícil romper con esa inercia y explicar que esas respuestas que se venían dando no eran las más precisas o no eran las mejores.

IP: ¿Qué dificultades han observado ustedes en la relación entre peritos y jueces o jurados? ¿Cómo deberían empezar a relacionarse con estos otros interlocutores? 

JPA: Yo veo dos diferencias o dos desafíos bien marcados. Por un lado, el primer desafío es que, cuando uno le habla y le explica cuestiones a un jurado popular es gente común, como cualquier vecino que está sentado ahí y está tratando de dilucidar un hecho criminal o de tomar una decisión sobre una información científica que está recibiendo.

Entonces lo que hay que hacer es explicar desde mucho más atrás. Hay que simplificar un montón de conceptos. No se puede tirar la conclusión cruda sin contexto para que esa persona la pueda valorar adecuadamente. Ese desafío con un juez profesional no ocurre porque, primero, tuvo una formación en Derecho. Segundo, porque bien o mal conoce de criminalística o de ciencias por el simple ejercicio de la profesión. Está más acostumbrado a escuchar peritos. Entonces hay explicaciones, aclaraciones y límites que no hace falta explicarle a un juez profesional. Me parece que ese es uno de los desafíos más importantes. Y el otro gran desafío es que ante el común de la gente se suele valorar equivocadamente el prestigio que tiene el perito. Muchas veces la gente cree que es mejor perito aquel que sale en televisión o el que da declaraciones más resonantes, o el que aparece en los medios de comunicación ante cualquier hecho relevante. Así que esa persona ya tiene un concepto positivo o una imagen creada no con base en lo que el perito sabe o está explicando, sino a esa construcción mediática. Y es muy difícil salir de esa lógica. Quizás se sienta otro perito que sabe mucho más o llegó a una conclusión mucho más fundada científicamente, pero no tiene esa visibilidad o no la pudo explicar de la mejor forma y terminan valorando al mal perito por sobre el buen perito.

Es un desafío, en realidad, no solamente hacer un buen trabajo, sino ser didáctico al momento de transmitirlo. Uno falla en esa instancia y por más que haya hecho una excelente peritación, lo más ceñida posible al método científico, el efecto que genera sobre el jurado popular no va a ser el que está buscando.

IP: Hay otro tema que mencionaste: la idoneidad de los peritos, ¿cómo hacemos para evaluar ese aspecto? ¿se evalúa en la actualidad? 

JPA: Hoy en día la realidad es que no se evalúa. El único requisito que uno tiene, y que tampoco es exigido 100% para poder actuar como perito científico y hablar en nombre de la ciencia en una causa judicial, es obtener un título habilitante o demostrar idoneidad y experiencia, y la idoneidad es muy difícil medirla. Técnicamente lo que plantea el Código de procedimiento es que “perito” debería ser todo aquel que tuviese un título en las carreras en las cuales existe ese título. Y, en el caso de que no existiera el título, hay que solicitar la presencia de alguien que tenga conocimientos y trayectoria. Lo cual nos lleva a otros problemas. 

En criminalística hay muchísima oferta académica circulando. Si uno elige una de esas carreras, se anota de buena fe y cayó en una que tiene mala calidad, al final se termina recibiendo, tiene un título, está habilitado para ejercer y para dar información a la justicia y que la justicia tome esa información para decidir sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona. Entonces, me parece que hay un montón de preguntas para hacer: ¿el título habilitante alcanza para ejercer la carrera toda la vida? ¿Cuáles son las características de ese título?

Pero más allá de lo que se tenga que revisar en la parte educativa, también hace falta implementar un mecanismo de revalidación y que ese perito demuestre cada cierto tiempo que sigue manteniendo idoneidad, que está actualizado y que puede seguir ejerciendo la profesión o participando en procesos judiciales.

IPA: Todo este panorama parece apoyarse en cierta inercia del mismo sistema judicial…

JPA: Hay un grado de responsabilidad del sistema judicial en cuanto a que ellos deberían ser quienes controlan qué información permiten ingresar al sistema y cuál no. Ese filtro muchas veces falla o no existe. 

En Estados Unidos, y no es que sea un fanático pero la realidad es que ellos tienen un sistema adversarial que tiene muchísimos más años que el nuestro y ya tienen anticuerpos desarrollados contra estas cuestiones, existen reglas de evidencia que, si bien algunas no son de obligatorio cumplimiento, le dan una pauta al juez para decir qué puede ingresar y qué no puede ingresar al proceso. Exigen que la teoría o la técnica que se está intentando incorporar tiene que estar respaldada en publicaciones científicas con revisión de pares. Tiene que haber sido probada y demostrar que funciona en otras situaciones. Tiene que conocerse el error potencial que puede llegar a tener esa práctica. El juez, sin saber de ciencia, tiene como un librito para poder mirar y decidir si lo que le están trayendo cumple o no esos requisitos para considerarse o no científico. ¿Es la solución? ¿Con eso resolvemos todo? No. Pero al menos es una traba más que tiene la pseudociencia y la ciencia basura para poder ingresar. 

Creo, también, que hay mucho trabajo por hacer de parte de los abogados que tienen que formarse en ciencia y tienen que construir herramientas para poder valorar adecuadamente la prueba científica y poder detectar cuándo una conclusión está basada en ciencia y cuándo es una afirmación caprichosa del perito.

Hay muchas variables y por eso lo que planteamos es que tiene que ser un abordaje multifacético. No podemos abordar solamente la educación, porque nos quedan un montón de patas afuera: las fuerzas de seguridad, los laboratorios y sus certificaciones de calidad. Necesitamos empezar a formar criminalistas dentro del marco de la ciencia, que entiendan cuáles son los alcances y las limitaciones de ésta y que además estén aggiornados con esta nueva visión de la criminalística y no a la del siglo XX.

IP: Mencionaste los laboratorios y el tema de las certificaciones de calidad, ¿cuál es el estado actual de esa pata acá en el país?

JPA: Ese es otro punto sobre el que hay que trabajar fuerte. La realidad es que hay muy pocos laboratorios forenses que hayan demostrado que los resultados a los que llegan en determinados ensayos son válidos. Es decir, muy pocos laboratorios que el organismo argentino de acreditación haya inspeccionado, fiscalizado y les haya dado esa validación.

Esa validación me dice que en determinado laboratorio hay ciertos procedimientos y que los resultados a los que llegan son válidos y fiables. Por nombrar algunos que tienen ensayos acreditados, tenemos el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) de Salta, el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense de Córdoba, el Departamento Química y Calidad Ambiental de la Prefectura Naval Argentina donde hacen estudios sobre aguas y que también está acreditado por esa norma ISO 17.025.

Pero si uno entra a la página del Organismo Argentino de Acreditación y busca los laboratorios, nada. Los dedos de una mano sobran para contarlos. ¿Qué significa esto? Que no tenemos forma de saber cómo están trabajando los laboratorios forenses, porque no existe esa fiscalización por parte de un organismo externo.

IP: ¿Cuáles serían los pasos para conformar esta Comisión reguladora? ¿Cómo se imaginan el proceso de implementación?

JPA: Nuestro ideal sería que ese documento lo trabaje algún equipo de legisladores para generar un proyecto de ley que pueda ser debatido y se apruebe. Hay que tener en cuenta que lo que estamos proponiendo es una comisión a nivel nacional, algo que tenga incumbencia sobre todo el país. Necesitaríamos legisladores nacionales que creen el proyecto y lo puedan defender en las Cámaras para su aprobación. 

Y después, una vez que esté creada esa Comisión Reguladora, proponemos empezar a incorporar gente y, de la mano de esa incorporación, va a ser necesario el apoyo estatal, porque de nada serviría que haya una comisión creada con gente designada si después no va a tener presupuesto, ni herramientas para promover cambios. Sabemos que es una organización disruptiva y que se van a contraponer intereses diversos a los de esa Comisión Reguladora.

Así que creo que el camino por recorrer es enorme y la implementación estaría al final de ese camino. La realidad es que las personas a las que les fuimos haciendo llegar este proyecto se sorprenden, les resulta algo novedoso y coinciden con nosotros en que es necesario tomar cartas en el asunto. 

Pero nuestro poder de acción es limitado. No podemos hacer nada más que visibilizar el problema, hacer docencia, poner el tema en agenda. Hay muchos criminalistas que avalan el proyecto y me parece que ahí es donde radica la fortaleza: nosotros mismos nos damos cuenta de que nuestro ejercicio profesional necesita un ajuste, que hay cuestiones que hay que regular.

IP: En el documento mencionás que Argentina no es un caso aislado y que esto está pasando en otros países. Mencionás mucho el trabajo que se hizo en Estados Unidos. ¿Hay ejemplos de mejoras que se hayan hecho en países latinoamericanos que sean un poco más cercanos a nuestra realidad y que nos pueda servir de horizonte cercano? 

JPA: Cada país fue adoptando distintas soluciones. Por ejemplo, Costa Rica y Chile están muy avanzados en la implementación de estándares. Colombia implementó, dentro del Servicio de Medicina Forense, una revisión progresiva de algunas carreras, van emitiendo certificaciones y van tratando de implementar normas de calidad. No hay demasiados ejemplos en América Latina. Los más avanzados son, en primer lugar, los estadounidenses, Inglaterra, Países Bajos. En América Latina tenemos una cuestión de recursos, nos cuesta todo un poco más e implementar sistemas de gestión de calidad no es algo barato.

Pero lo más importante es que haya una decisión política, que asumamos el problema y trabajemos para ver cómo lo resolvemos. Lo que no podemos seguir haciendo es como si nada pasara y que todo siga funcionando como viene.

No puedo ser ingenuo, no puedo pretender que apliquemos el mismo sistema o las soluciones que está aplicando Estados Unidos. Pero hay aspectos que se pueden mejorar mucho. 

IP: Quisiéramos que nos contaras sobre el camino que te llevó a entrar en esta cruzada casi quijotesca…

JPA: Mi interés nació en el año 2019, cuando escuché una charla de Luis Fondebrider y una de las cosas que dijo —que para mí, en el paradigma en el que yo venía formado y en el cual me estaba desempeñando, era casi un mantra— fue que las conclusiones científicas no son categóricas. Y explicaba que había salido este informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que era bastante transgresor para el paradigma en el cual yo me formé como criminalista y desde el cual venía ejerciendo.

Esa charla fue uno de los disparadores que me llevó a investigar y a descubrir que había un mundo de información que yo no había visto en la facultad y que no se discutía en los ámbitos periciales en los cuales me desenvolvía. Y una de las cosas que me impactó fue verme reflejado. Cuando hacían la descripción de los problemas que detectaban en el sistema de justicia, me identificaba en aspectos relacionados a cómo había sido mi ejercicio profesional hasta ese momento.

Y una vez que uno abre los ojos, se empieza a dar cuenta de todo lo que se está haciendo mal, pero nosotros no tenemos la posición dentro de la estructura jerárquica como para poder promover los cambios necesarios. Por lo que, cuando lo charlaba con otros colegas, nos quedábamos con la impotencia de ver que muchísimas cosas seguían funcionando mal. De tanto quejarnos, en algún momento dijimos “bueno, hagamos hasta donde nos dé” y así llegamos a este documento, para tratar de llegar a alguna instancia que sí pueda promover cambios en la realidad. 

IP: ¿Hay reticencias a la hora de encarar este proyecto?

JPA: Los bichos raros somos quienes estamos tratando de impulsar el cambio. Es muy difícil romper con la inercia. Además, hay que entender que la criminalística surge de un nicho policial, el monopolio por mucho tiempo estuvo en las fuerzas de seguridad y si hay una característica que tienen es el conservadurismo. Ya bastante les costó perder el monopolio de la producción de la prueba científica cuando empezaron a aparecer los laboratorios de los poderes judiciales, en los que se desempeña personal civil. 

También existen reticencias por parte de los peritos. La respuesta que más frecuentemente nos encontramos, si bien no te lo dicen explícitamente pero uno lo lee entre líneas, es “maestro, me venís a complicar la existencia. Si yo hago la pericia, pongo que es fehaciente, categórico, indubitable y nadie me cuestionó nada. ¿Por qué debería preocuparme en cambiar mi forma de trabajo si la justicia no me exige nada, mi jefe no me exige nada y el sistema está funcionando así?”

Creo que el impulso de esto tiene que nacer de una cuestión de ego profesional. Yo quiero ofrecerle a la justicia la mejor información posible, con el conocimiento que hay generado hasta ahora, con las técnicas y el instrumental que tenga disponible. Y si no le puedo generar la mejor respuesta, explicarle cuáles son las limitaciones de esa respuesta. Me parece que es algo básico. Pero no siempre es lo más común. 

IP: Finalmente, ¿cuál es el riesgo que corremos como sociedad si seguimos arrastrando toda esta problemática?

Yo creo que el principal riesgo que corremos está relacionado con una de las banderas que levanta Proyecto Inocencia: seguir condenando gente inocente y seguir absolviendo gente culpable. Porque en definitiva, el producto final de la criminalística y de las ciencias forenses es información para que la justicia tome una decisión. Nosotros no decidimos sobre la culpabilidad o inocencia de las personas, pero muchas veces damos información relevante para que quien está cumpliendo ese rol de juez sí tome una decisión.

Si nosotros le damos información de mala calidad o directamente errónea, quien tenga que decidir va a llegar también a una sentencia errónea. Todo este embudo decanta en eso.

En definitiva, lo que estamos buscando es una política de Estado sostenida, que modifique una realidad. Es complejo, es ambicioso, pero me parece que si en otros países del mundo se pudo hacer, no es imposible. 

Propuesta creación_ Comisión reguladora de ciencias forenses